Sin tomar definiciones sobre el tema de fondo finalizó la sesión ordinaria del Concejo municipal de Futrono, donde este jueves fue analizado el llamado caso: “cotizaciones falsas".
La determinación que debía tomar el Concejo Municipal se postergó puesto que se informó, que el proceso iniciado por Contraloría General de Los Ríos no ha finalizado, por tanto, no se tomarán acuerdos al respecto hasta la finalización del mismo.
El alcalde, Claudio Lavado, reiteró ante los concejales lo que el municipio informó previamente, que los antecedentes fueron ingresados al Ministerio Público. “La Fiscalía determinará si hubo hechos constitutivos de delito en las acciones administrativas que se realizaron”, dijo.
Luego, el jefe comunal contextualizó que el origen del problema se dio el año 2020, con la contratación de un servicio de sanitización para las dependencias municipales y los servicios traspasados de Salud y Educación y que, dada la urgencia con que se requería el servicio, hubo irregularidades administrativas en su cancelación.
“No hubo malversación de fondos, nadie se arrancó con los recursos económicos, sino que se le canceló a un proveedor por el apuro, por la urgencia se estaba implementando el Sistema de Compras Públicas, Compra Ágil, que no había claridad en ese minuto de cuál era la vía más expedita de cancelar y se cometió un error", dijo el alcalde.
También emitió lo que refirió como una reflexión: “Aquellas personas que hoy rasgan vestiduras y emiten juicios de valor en la prensa, en las redes sociales, en dónde estaban cuando en tiempo de pandemia realizamos todas estas desinfección en muchos sectores Futrono”.
El concejal Fernando Flández tomó la palabra y fustigó al alcalde, respecto a que el hecho de haber respondido a urgencias en pandemia no justifica los hechos por los cuales se le cuestiona.
"Se terminó agrandando un error que finalmente terminó revistiendo caracteres de delito al vulnerar, burlar el sistema”, agregó el concejal ante lo cual el alcalde le advirtió que determinar si hubo delitos le corresponde a la Fiscalía.
“La solicitud que nos ha pedido expresamente Contraloría es que nos pronunciemos respecto de la responsabilidad acreditada de usted alcalde, por lo tanto el análisis y las justificaciones están de más”, respondió Flández.
El alcalde insistió que el proceso administrativo no se ha cerrado, dado que: “Hay tiempo administrativo de apelación y de reposición que he presentado y hay tiempo, esto no se cierra administrativamente”, reiteró.
Seguidamente el abogado Jorge Whitaker, asesor jurídico, argumentó una defensa de los antecedentes entregados por el alcalde respecto de acelerar un servicio de sanitización en época de pandemia, para mantener abiertas las dependencias y entrega de servicios al público.
“Aquí está en juego el buen servicio del municipio y la fama y la honra de funcionarios municipales que quisieron hacer este favor a los ciudadanos, a la comunidad de Futrono, de poder abrir las dependencias municipales y hoy día se les está cuestionando y se les está queriendo llevar a la hoguera”, dijo.
También dijo que: “Se mezclan dos cosas muy distintas, en primer lugar está la adulteración de cotizaciones y en segundo lugar están las contrataciones apresuradas que no cumplen con el trámite legal”.
De igual forma, insistió que el proceso aún no termina y Contraloría debe pronunciarse respecto de “graves vicios” que, desde su perspectiva, contiene el sumario, y en esa línea advirtió a los concejales el riesgo de demanda que enfrentarían si votan antes de terminado el proceso y en un sumario viciado, lo que causó molestia entre los ediles.
La concejala Rebeca Asenjo respondió que el Concejo no se pronuncia sobre las resoluciones de los funcionarios. “No necesitamos que se nos venga a decir que nos van a llegar las penas del infierno, porque tenemos muy claro sobre lo que tenemos que votar, tenemos muy claro sobre lo que tenemos que pronunciarnos”, dijo.
En tanto la concejal Pamela González enfatizó que no hubo robo en los hechos que se abordan, y que no forma parte de la sesión de Concejo referirse a las responsabilidades de los funcionarios sino del alcalde.
“Hoy día lo que la Contraloría nos tiene a nosotros encomendado y lo que le solicita al Concejo, es que nosotros nos tenemos que pronunciar por su responsabilidad administrativa, que dice acreditada, y esto no es primera vez que a nosotros nos va a tocar ver”, dijo dirigiéndose al alcalde.
“Se ha dicho también que, casi como que nosotros hemos dejado solo al alcalde, él es el dueño de casa, él es el que administra, él es el representante legal, si su gente de confianza no hizo bien las cosas hoy día tiene que atenerse también a las consecuencias”, añadió.
Posteriormente la concejal Leonila Sáez expresó, al igual que sus colegas ediles, que el objetivo de la sesión de Concejo es para referirse a las responsabilidades del alcalde y no de los funcionarios. “No darle más vueltas al asunto, porque aquí mientras más hemos dado tiempo, más esto se ha ido ensuciando”, dijo.
“Más si es un proceso que se ha ido embarrando más y ha ido embarrando a los funcionarios, a sus familias”, agregó, “estamos acá responsables y se nos tilda de que somos nosotros también los corruptos”.
Seguidamente los concejales Sergio Solís y Camilo Céspedes opinaron principalmente en torno al manejo comunicacional del alcalde respecto a la situación que se estaba generando, que debió haber sido abordado de manera oportuna para no fomentar las opiniones negativas hacia el municipio desde redes sociales.
La concejala Rebeca Asenjo solicitó que el director de Control de la Municipalidad también entregue su opinión sobre los hechos, a fin de tener otra mirada en la vía de asesorar al Concejo Municipal.
Por último, el alcalde apeló al reglamento para dar por terminada la sesión, con el acuerdo de continuar discutiendo el tema en futuras sesiones de Concejo.
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