Por Roberto Cadagán
El 7 de febrero de este año, el entonces Presidente Sebastián Piñera promulgó en la comuna de La Unión la ley que sanciona el comercio ilegal en Chile.
La normativa entrega nuevas y mejores herramientas a las policías, municipios y al Servicio de Impuestos Internos para potenciar la fiscalización y sancionar.
Sin embargo, en ciudades como Valdivia el comercio ambulante y la venta de comida en la vía pública se han transformado en una situación que está lejos de ser controlada.
Basta con dar una vuelta por el centro de la ciudad, como avenida Picarte, Arauco o en los alrededores de los supermercados para comprobar esta realidad.
En la última temporada veraniega la costanera valdiviana se llenó. Decenas de personas figuraban vendiendo comida y diversos artículos sin las medidas sanitarias y legales correspondientes.
Más reciente y bullado, es el caso que se origina en el ingreso al campus Isla Teja de la Universidad Austral, donde se estableció un punto de venta de comida en que se puede encontrar desde chocolates pasando por completos, sandwiches hasta sushi.
Esta situación fue denunciada en redes sociales por la usuaria @karin_bespinoza, lo que generó diversas opiniones.
“La entrada principal de la @UAustraldeChile se está transformando en un persa. Basura, carros de comida sin resolución sanitaria, toldos, venta de insumos etc. Quien va tomar cartas sobre esto?”, escribió.
Evitar que casos como estos se repliquen en otras áreas de la ciudad es parte de las labores de la Seremi de Salud de la Región de Los Ríos, pero aseguran que poco pueden hacer si la misma comunidad no denuncia a través de los mecanismos adecuados.
Mónica Jaramillo Arel es la encargada técnico regional de alimentos de la Seremi de Salud Los Ríos y en conversación con Diario de Valdivia, explica que en casos como el de Isla Teja, las medidas deben ser coordinadas por distintos organismos.
“Las fiscalizaciones a las áreas no autorizadas deben ser de modo intersectorial, es decir coordinar una fiscalización con los servicios públicos pertinentes en cuanto la ubicación en espacio público, manipulación alimentos, estadía reglamentaria en el país”, señala.
Y agrega que “cada servicio realiza su fiscalización según el ámbito, Desde el punto de vista sanitario, si procede sanción económica”.
-¿Este caso se puede transformar en un problema de salubridad pública?
-De todas maneras, porque ahí no hay nada organizado. Es un problema de salud pública en cuanto al manejo de basuras, agua.
- ¿Qué recomendaciones se pueden dar a la comunidad?
-Lo primero es decir que en esa vía pública (sector exterior de UACH) no existen autorizaciones sanitarias al comercio de alimentos; por lo tanto, es un riesgo que las personas elijan esos alimentos, independiente que sean más económicos.
Además, Jaramillo suma un llamado: “Dado que el público en ese sector principalmente son los futuros profesionales de este país yo les hago un llamado a tomar conciencia que aquellos espacios no tiene la autorización ni vigilancia sanitaria por parte de la Seremi de Salud”.
“La ciudadanía tiene la libertad para denunciar. De las situaciones fuera de control también tenemos conocimientos, pero se debe acceder a través de la página web de la Seremi de Salud o de manera presencial en las dependencias oficiales (Chacabuco 700)”, indica.
Según Jaramillo, en casos como el que ocurre en la vía pública de Isla Teja, se incorporan diversas instituciones. Es decir, municipalidad, Carabineros y autoridad sanitaria.
Cuando el expresidente Piñera promulgó la ley sobre comercio ilegal, precisó que las municipalidades, mediante ordenanzas, podrán fijar los lugares donde puede haber comercio establecido y comercio ambulante.
“Pero con permiso y en lugares apropiados, no en cualquier lugar como ocurre cuando no tenemos las posibilidades de controlarlo”, señaló Piñera en esa ocasión.
En cuanto a las multas según el texto legal, estas varían entre 0,5 UTM ($28.778) a 2 UTM ($115.114), y en caso de reincidencia se establece una multa que va desde las 2 a 4 UTM ($230.228).
Respecto a las sanciones por infracciones tributarias, para el comercio sin declaración y pago de impuestos se arriesga una multa del 50% hasta el 400% de los impuestos que fueron eludidos, y con presidio o relegación menores que va desde los 61 días hasta cinco años.
En el caso del comercio clandestino, las multas inician en una unidad tributaria anual a 10 unidades tributarias anuales, y con presidio o relegación menores también desde los 61 días hasta cinco años.
La reincidencia será sancionada con pena de presidio o relegación menores en sus grados medio a máximo, es decir, desde 541 días a cinco años.
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