La Bancada de Diputados de Renovación Nacional (RN), liderada por Ximena Ossandón y Hugo Rey, ha solicitado mediante un oficio formal al Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que se evalúe el rumbo del organismo y la necesidad de cambiar su dirección. Esta petición se presenta a raíz de la reciente decisión judicial que declaró inadmisible la querella presentada por el INDH por el delito de tráfico de influencias, relacionado con la designación de la jueza María Teresa Letelier como Ministra de la Corte Suprema.
La decisión judicial ha sido interpretada por los legisladores como un golpe significativo a la credibilidad y prestigio del Instituto. En el escrito, los diputados argumentan que la acción del INDH fue ampliamente cuestionada, lo que llevó a solicitar la remoción de consejeros del organismo y a presentar una querella por prevaricación administrativa. Asimismo, se ha solicitado a la Contraloría General de la República un dictamen sobre la conformidad del INDH con el marco normativo de la ley Nº20.405, cuestionando posibles infracciones a la probidad administrativa y el uso irregular de recursos públicos.
Los diputados RN también criticaron la defensa de la directora Consuelo Contreras, quien defendió la decisión del Consejo basándose en tratados internacionales y otras fuentes de escaso valor normativo. Esta defensa ha sido vista como una desviación del mandato legal del Instituto y ha generado críticas incluso desde el oficialismo, que cuestionan la legalidad y prudencia de tales acciones.
El oficio enviado por los parlamentarios destaca que, "la decisión del tribunal de garantía de declarar inadmisible la querella parece poner una lápida en la imagen del Instituto frente a la ciudadanía," subrayando que el INDH se ha percibido como un órgano sesgado políticamente. Además, los diputados enfatizan que, "la decisión de deducir por primera vez una querella de esta naturaleza, en el marco de la elección municipal de la comuna más simbólica del país, es simplemente un corolario de lo que ha sido una gestión que violenta el mandato de promoción y protección de los Derechos Humanos."
El diputado Bernardo Berger, miembro de la comisión de gobierno interior, expresó su opinión sobre el tema: "El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha errado de manera premeditada en su actuar, lo cual ha sido denunciado incluso por sus propios consejeros. Estas acciones no solo desacreditan cada vez más a la institución, sino que también ponen en evidencia un problema institucional grave de discrecionalidad y aprovechamiento político. La consejera del INDH, Beatriz Corbo, acusó presiones por parte del resto de los consejeros para votar a favor de la presentación de una querella por tráfico de influencias, relacionada con el caso que involucra al exministro de Defensa, Mario Desbordes. Esta situación refleja cómo el INDH ha sido utilizado con fines políticos, desviándose de su verdadero propósito de proteger y promover los derechos humanos."
Berger añadió: "El proceso de acreditación de víctimas para la entrega de pensiones de gracia es otro ejemplo de las irregularidades del INDH. La discrecionalidad y el aprovechamiento político no tienen cabida en una institución que debe velar por la igualdad y la justicia para todos."
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