Aumentar las penas a quienes ingresen de forma ilegal elementos como teléfonos celulares a las cárceles, es una medida que a juicio del diputado Bernardo Berger, va en el sentido correcto para desincentivar este tipo de prácticas y aumentar el control dentro de los recintos penitenciarios.
Al respecto, el legislador de ChileVamos señaló que es “alarmante y preocupante cómo los presos suelen estar altamente equipados de tecnología, como lo revelan cada cierto tiempo las investigaciones periodísticas. Eso significa que hay gente que ingresa estos artefactos y, con ello, facilita que la actividad delictual continúe incluso tras las rejas”.
En tal sentido, en opinión de Berger, el proyecto de ley que actualmente se tramita en el Congreso, “es un aporte a la fiscalización, pero sobre todo va en el sentido correcto de desincentivar este tipo de prácticas recurrentes en las cárceles de Chile”.
La iniciativa fue aprobada en la Cámara Baja hace unos días y remitida al Senado para su tercer trámite, y en su texto sanciona a quien, sin estar legal o reglamentariamente autorizado, ingrese, intente o permita ingresar a un establecimiento penitenciario elementos tecnológicos prohibidos que permitan comunicarse con el exterior.
La sanción propuesta para estos casos será de presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, 61 días a 3 años.
En caso que la acción fuera cometida por abogados, procuradores o empleados públicos como los gendarmes, éstos no podrán optar a la sanción en su grado mínimo, y recibirán en forma adicional la sanción de suspensión a inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio de la profesión y del cargo u oficio.
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