La semana recién pasada se votó en la Cámara el proyecto que va permitir que más personas puedan acceder a la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Además, se aprobó una indicación que establece una obligación de información del Instituto de Previsión Social, a las comisiones de Trabajo del Congreso Nacional, cada seis meses, del número de personas que cumplen los requisitos establecidos en la ley.
El diputado Bernardo Berger aseguró que “pese a que respaldé ambas iniciativas, para ir en apoyo de las personas que habían quedado fuera en primera instancia. Esta tramitación levanta aún muchas dudas en torno al financiamiento y la puesta en marcha de la PGU”.
Agregó que “no obstante lo beneficioso de la modificación del proyecto, me preocupa que el Informe Financiero no haga referencia a la fuente de financiamiento de estos mayores recursos”.
Según informó el parlamentario, se van a adicionar unos 76 mil beneficiarios producto de esta modificación, el mayor gasto fiscal será de casi 170 mil millones, por lo que a su juicio es esencial tener presente que si bien, la PGU es un beneficio previsional que ha permitido mejorar los ingresos de las personas de 65 años y más, es uno de los beneficios que concentra la mayor cantidad de recursos públicos.
Si a este gasto le sumamos el mayor costo que se propone con la Reforma Previsional que está promoviendo el Ejecutivo en que aumenta el monto de la PGU de los actuales $193 mil a $ 250 mil, entonces se estará destinando en régimen cerca de 2,8% del PIB para financiar la PGU; gasto que además se incrementa en el largo plazo.
Según aseveró Berger, “es fundamental que haya seguridad de contar con una fuente de financiamiento sostenible en el tiempo, y eso no se transparenta de ninguna forma”.
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