En la sesión de Concejo Municipal de Río Bueno, correspondiente a este miércoles 13 de abril, se definió que se tomarán medidas disciplinarias contra el ex alcalde y actual concejal de Renovación Nacional, Luis Reyes, de acuerdo a lo recomendado por Contraloría.
Lo anterior, tras una investigación del órgano fiscalizador respecto de actos administrativos ocurridos en el año 2017, durante el período alcaldicio de Reyes, por los que se levantaron tres cargos.
El primero se refiere a no haber adoptado decisiones eficientes en relación a la correcta administración de los recursos financieros de ese municipio, lo que implicó que, al término del ejercicio contable del año 2017, el ente edilicio presentara una situación deficitaria de $173.268.000.
El segundo cargo señala que Reyes, en su calidad de alcalde de la Municipalidad de Río Bueno, el 29 de diciembre de 2017, permitió sin aprobación del Concejo Municipal, una modificación presupuestaria por un monto de $336.306.000.
Por último, el entonces alcalde autorizó la contratación a honorarios durante el año 2018, de seis servidores, con cargo a la asignación 21.04.004, “Prestación de servicios en programas comunitarios”, del decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sin que se reúnan en cada caso los requisitos para ser imputados presupuestariamente a la referida asignación.
Sobre este último punto, se aclaró que dos de dichas contrataciones continúan actualmente como funcionarios en la Municipalidad de Río Bueno.
La sesión de Concejo de esta tarde, como era de esperarse, tuvo momentos tensos, en especial durante la intervención del concejal Juan Unión, quien mencionó que se enviaron muchos requerimientos a Contraloría lo que, según sus palabras, molestaban al entonces alcalde Reyes.
El concejal agregó que la investigación de Contraloría habría demostrado una serie de situaciones irregulares.
“Aparentemente se habría realizado colusión, fraude, engaño, mentiras, abusos de poder del ex alcalde que está hoy día como concejal acá sentado”, señaló Juan Unión, agregando que no se sabe qué pasó con 300 millones de pesos.
Naturalmente el ex alcalde y actual concejal Luis Reyes, se defendió y fustigó las acusaciones de Unión.
“Dentro de la auditoría propia que hace Contraloría y la situación referida a este caso, cuando usted presenta 300 millones de pesos que no se sabe dónde, eso corresponde a la apertura de caja del año 2017 que termina y pasa para el 2018, no es otra cosa que eso”, respondió Reyes.
“Yo quiero descartar que aquí no hay ni asociación ilícita, ni robo, ni dolo, solo una medida de carácter disciplinaria que me asiste como alcalde de la época”, agregó el concejal Reyes.
Así también, Reyes reprochó la lectura del oficio de Contraloría realizada por el abogado asesor del Concejo, limitada a los cargos y las posibles sanciones en lugar del texto completo, acusando una postura tendenciosa de parte del abogado.
La respuesta del asesor jurídico fue que al Concejo Municipal no le corresponde pronunciarse sobre el sumario en su integridad, sino sobre la responsabilidad particular y administrativa que se tuvo por establecido respecto del ex alcalde.
En votación a mano alzada, cuatro concejales más la alcaldesa se inclinaron por remitir los antecedentes al Tribunal Regional Electoral (TER), para que defina las sanciones hacia Luis Reyes.
En tanto el propio Reyes y el concejal Daniel Quezada se abstuvieron, este último aludiendo a que ya se estaría fuera de plazo para recurrir al TER.
Cabe señalar que el nombre del concejal Quezada, aparece en el informe entregado por Contraloría tras la investigación, consignándolo como una de las contrataciones irregulares realizadas en el año 2017.
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