Promover en los municipios la adopción de políticas innovadoras en la gestión ambiental de los residuos domiciliarios, es el norte del proyecto de ley que presentó hace pocos días el diputado Bernardo Berger junto a a su homóloga Marcela Hernando, en el Congreso.
La justificación de la iniciativa, según Berger, es que Chile, en el contexto sudamericano, es el país que genera la mayor cantidad de basura per cápita. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, cada persona produce 1,26 kilos de residuos diarios, lo que equivale a 8,1 millones de toneladas anuales que van a parar a vertederos y rellenos sanitarios.
Ello plantea desafíos urgentes, tales como la reducción de los volúmenes que llegan a vertederos, la reutilización de desechos, prevenir impactos ambientales y sanitarios, y la rentabilización del servicio.
“Algo de eso ya hay. En los últimos años se han venido adoptando una serie de medidas para reducir el impacto de la contaminación por basura, como por ejemplo la eliminación de bolsas plásticas, o los planes de descarbonización según estándares internacionales. También hay experiencias innovadoras en algunos municipios, pero éstos, que son quienes tienen por defecto la responsabilidad de la gestión y disposición de residuos, no cuentan con herramientas legales que les permitan ir más allá de la obligación básica”, puntualizó el legislador.
De ahí que la propuesta “que ingresamos apunta hacia ir ampliando el actual marco normativo para que los municipios puedan ejercer una suerte de industria del reciclaje, aprovechando las grandes oportunidades que esta materia puede ofrecer, pero que hoy se ven seriamente limitadas por la falta de espacio para innovar”.
Berger sostuvo que “cualquier cambio en esta línea debe incluir incentivos que fomenten y fortalezcan las políticas de manejo inteligente de residuos, y en esto hay ejemplo en decenas de ciudades en el mundo que, a partir de la gestión de su basura, generan energía, calefacción, venta de bonos de carbono y recursos frescos para las arcas comunales que luego se reinvierten en beneficio de la propia comunidad”.
La iniciativa propone modificar para ello la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades incorporando un nuevo inciso para que, sea el municipio o el Gobierno Regional quien tenga a cargo la tarea, la reglamente su gestión con miras a sostener políticas de innovación, evaluar anualmente la eficiencia del manejo de residuos, escombros u otros desechos; monitorear el impacto ambiental en la comuna, y fortalecer estrategias educativas.
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