Celebramos la aprobación, tras dos años y medio de una intensa tramitación legislativa, y décadas de anhelo ciudadano, del proyecto de despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales. Creemos que esta iniciativa representa uno de los pasos más importantes del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet en materia de derechos de la mujer chilena frente a situaciones límites que requería de una respuesta como sociedad.
Hasta ahora, Chile era de uno de los nueve países del mundo que no sólo prohibía, sino que criminalizaba cualquier interrupción del embarazo.
Es por eso que este es un paso histórico, que cumple con una deuda fundamental. A juicio del senador y jefe de bancada Alfonso De Urresti, “esta ley no busca obligar ni imponer una visión, sólo otorga a las mujeres que estén dentro de las tres causales, el derecho para que en un momento tan difícil y complejo, puedan decidir”, dijo el parlamentario.
Con esta normativa se moderniza nuestra legislación y se termina con la criminalización de nuestras mujeres. El Estado se constituye ante estas causales asegurando el tratamiento de una madre en peligro vital producto de su embarazo; como garante de su derecho a elegir abortar y a recibir acompañamiento en caso de que decida interrumpir su embarazo por inviabilidad del feto; y aceptando su derecho a decidir, en caso de una violación, si desea o no abortar.
El Tribunal Constitucional ha dado su conformidad a la normativa que había sido aprobada por el Parlamento, rechazando los requerimientos de la oposición. De esta manera finaliza un debate intenso, complejo, profundo y democrático, “que representa una derrota de los sectores más conservadores de nuestro país, que trataron a toda costa de frenar este proyecto de ley, tratando de poner en cuestión la decisión del poder legislativo, así como los intereses de innumerables organizaciones ciudadanas, de género, y sociales, y el mandato de la Presidenta Bachelet”, planteó De Urresti.
La aprobación de la tercera causal, que trata sobre la violación, rompe además con el histórico doble castigo que sufrían las mujeres de nuestro país. “La violencia sexual contra las mujeres es de las acciones más deleznables que podemos sufrir, y si producto de esa relación forzada resulta un embarazo, la sociedad debe darle la oportunidad y las condiciones para que esa mujer libremente tome una decisión”, aseguró la senadora Isabel Allende.
Con esta normativa se cumple además con un compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet y de la Nueva Mayoría, pues el programa de gobierno que se comprometió con la ciudadanía, se decía en forma expresa que “promoveremos políticas destinadas a reforzar la autonomía de las mujeres”, y se mencionaba explícitamente el compromiso de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de peligro de la vida de la madre, violación o inviabilidad del feto.
Hoy es un paso histórico, un cumplimiento programático y el pago de una deuda con nuestra sociedad.
Grupo DiarioSur, una plataforma de Global Channel SPA. Powered by Global Channel