Considerando que “la autodenuncia de la CMPC en el marco de la investigación por la colusión del papel confort, ciertamente los podrá librar de acciones penales, pero no de la condena pública y social de quienes ven como sin pudor alguno algunas empresas confiesan, para beneficiarse, que le han metido la mano a los consumidores al bolsillo por años”, afirmó el senador Alfonso De Urresti, quien agregó que “hechos como estos generan un gran malestar en la sociedad, porque se enmarcan en la legalidad, pero siguen siendo inaceptables y moralmente condenables”.
El legislador de la región de Los Ríos dijo que “cuando se supo lo de la colusión del papel la empresa alegó inocencia y culpó a algunos ejecutivos de ‘arrancarse con los tarros’. Con esta nueva confesión de parte de la empresa, queda claro que no se trata solo de hechos aislados, sino que forma parte de una política institucional o una práctica habitual de la CMPC. No es posible seguir tolerando que empresas que tienen millonarias utilidades cometan este tipo de delitos que después confiesan para favorecerse en las investigaciones que llevan adelante la FNE o los tribunales”.
De Urresti dijo que “cada vez resulta más difícil entender la lógica de estas empresas y de sus defensores, que se dicen firmes partidarios del libre mercado, pero que a la hora de hacer negocios les aflora la simpatía por los monopolios y las concentraciones. Entonces terminamos siendo aquellos a los que se acusa muchas veces de estatistas, los que debemos promover las medidas que favorezcan una verdadera competencia, donde le vaya bien a aquellos emprendedores que compiten lealmente y no a aquellos que se ponen de acuerdo para fijar precios y alterar el mercado, perjudicando a los consumidores”.
El parlamentario PS señaló que “debemos seguir trabajando en medidas que permitan investigar y sancionar a quienes hacen del delito de colusión su forma de operar en el mercado, pero también en perfeccionar todas aquellas normas que dificulten la conformación de monopolios o carteles que no solo están en el ámbito del papel o de los pañales. Y, por cierto, seguir entregándole atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica y al Sernac para sancionar este tipo de actos y defender a los consumidores”.
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