Que se clarifique quiénes integraron las comisiones evaluadoras de las cuestionadas licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) al interior de la JUNAEB en el periodo bajo investigación, solicitó el diputado Bernardo Berger (RN) en la comisión especial de la Cámara Baja.
Ello, luego que asistiera en calidad de invitado el ex director nacional de ese servicio José Miguel Serrano, para entregar más antecedentes a la comisión investigadora que integra el parlamentario por Los Ríos.
Serrano es uno de los dos querellados ante el 8vo Juzgado de Garantía de Santiago por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) desde febrero pasado, por el delito de fraude al fisco y negociación incompatible, a partir de supuestas presiones que habría ejercido sobre subalternos mientras fue director entre junio de 2014 y mayo de 2015, para que se adjudicaran licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a determinadas empresas postulantes.
En su intervención ante los legisladores, Serrano habría asegurado que no tuvo participación en las comisiones evaluadoras, lo que a juicio de Berger es una materia que necesita ser aclarada.
“Le he pedido que me aclare algo que se ha dejado entrever: en licitaciones nacionales de tan alta cuantía hay funcionarios y cargos específicos que debieran haber participado en las comisiones evaluadoras; me llama la atención que vino la jefa del Programa de Alimentación Escolar y dijo que no participaba; vino la jefa de Planificación que dijo que tampoco participaba; y ahora el ex director nacional que asegura que tampoco participaba”, cuestionó.
Agregó que a partir de las afirmaciones de funcionarios de alto rango “se deja entrever que habría un círculo bastante cerrado en un gabinete en torno del director nacional, y ellos tomaban las decisiones de a qué empresas adjudicar las licitaciones, especialmente las del PAE que eran las más cuantiosas”.
El legislador también solicitó que se entregue a la comisión, las evaluaciones que se venían haciendo en los últimos años a las empresas oferentes, las que debieran figurar en el Registro de Contratistas, una especie de hoja de vida o historial de comportamiento de las empresas que hacen tratos con el Estado.
Serrano deberá volver el próximo miércoles al Congreso para responder las preguntas de los diputados de la comisión investigadora.
Además de la causa interpuesta en el 8vo Tribunal, la Fiscalía Nacional Económica a solicitud de la Contraloría General investiga la presunta existencia de empresas relacionadas entre sí en las licitaciones del PAE, las que en su conjunto alcanzarían al 56 por ciento de este mercado, y busca determinar si esta relación podría tener influencia en los precios de los servicios pagados.
En lo regional, Berger adelantó que en los próximos días ingresará a la carpeta investigativa del parlamento nuevos antecedentes acerca de las condiciones laborales y judiciales en que quedaron cerca de 300 manipuladoras de alimentos que prestaban servicios a la Junaeb a través de la empresa IBASA en tres comunas de Los Ríos.
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