Aprobado en general y en particular con modificaciones resultó pasado este mediodía, el proyecto de ley de fortalecimiento municipal, en la Cámara Baja. Al respecto, el diputado y miembro de la comisión de Gobierno Interior Bernardo Berger valoró el avance que “va en la línea correcta de dotar de dignidad y autonomía el trabajo del mundo municipal”.
“Desde el año 1994 que no habían mejoras de fondo a las plantas funcionarias en el municipalismo; lo que se hace aquí es precisamente que sean los gobiernos locales los que puedan determinar sus plantas de personal, avanzando en los límites máximos de gasto en personal. Mientras que las asignaciones profesionales en las plantas de directivos, profesionales y jefaturas serán equiparadas a sus pares del nivel central, mejorando grados, incorporando personal a contrata a la planta respectiva, entre otros”, dijo.
Eso sí, advirtió el parlamentario y ex alcalde de Valdivia, es un gran avance para el mundo municipal, pero quedan una serie de tareas pendientes como ir eliminando el trabajo precario en las municipalidades, en referencia a los trabajadores que laboran en calidad de honorarios
“Es imperante que el personal a honorarios pueda ingresar a la contrata -que es menos precaria-, ya que actualmente están en un estado de inestabilidad laboral para quienes se desempeñan a honorarios. Quiero recordarle al Ejecutivo que existe un compromiso explícito de la Presidenta de la República, de poner fin a esta condición de semi-esclavitud moderna. Hasta ahora no ha pasado nada en esa línea y es necesario abordarlo pronto”.
El proyecto fue aprobado con 112 votos de la sala. Beneficiará a más de 35 mil funcionarios municipales, permitiendo, por ejemplo, que directivos, profesionales y jefaturas de los municipios queden homologados respecto a sus pares del sector público.
El texto también avanza en la descentralización, al entregarle a alcaldes y concejales la facultad de definir sus plantas y la organización de sus recursos humanos - hoy estas son facultades exclusivas de la Presidenta de la República-.
De esta forma, el alcalde podrá crear o modificar plantas, con acuerdo de los 2/3 del concejo y consulta previa a representantes de los funcionarios. Las plantas podrán establecer el número de cargos y fijar sus grados. La creación o modificación de cargos no afectará los derechos ya adquiridos de los funcionarios municipales. Cabe recordar que no se han realizado cambios en las plantas municipales desde 1994.
Mejoras para los funcionarios
El proyecto de ley establece además el aumento de grados, lo que se traduce en un aumento de las remuneraciones para los funcionarios municipales. De esta forma, desde enero de 2016, los funcionarios de planta entre los grados 10 y 20, serán encasillados en el grado inmediatamente superior. Y desde enero de 2017, quienes estén entre los grados 15 y 20, subirán nuevamente un grado. Estos beneficios podrán ser extendidos por los alcaldes a las personas a contrata.
También se concede una asignación profesional, que beneficiará a 8.700 funcionarios, y una asignación especial de Directivo Jefatura para el personal de planta y contrata de las plantas de Jefaturas, Profesionales y Directivos, siempre que no tengan derecho a la asignación profesional.
Financiamiento
Respecto al financiamiento de estos beneficios, el Fisco aportará al Fondo Común Municipal (FCM) treinta y dos mil millones de pesos en 2016; treinta y seis mil millones en 2017 y, desde 2018 y de manera permanente, el Fisco cuadruplicará el aporte al FCM.
Otros beneficios
El proyecto además entrega un bono equivalente a cuatro veces el valor del primer mes que reciben los funcionarios beneficiarios de asignación profesional y directivo-jefatura; y un bono equivalente a cuatro veces el valor del primer mes en el cual se incrementa un grado a los funcionarios ubicado entre los grados 10 al 20 del escalafón municipal.
También se otorga un bono post laboral a los ex funcionarios que se acogieron a retiro voluntario y no pudieron recibir ese beneficio.
Adicionalmente, se crean nuevas unidades con requisitos de protección a los funcionarios. Se dispone además que la política de recursos humanos es obligatoria, previa opinión del comité bipartito integrado por funcionarios y representantes del alcalde, y aprobada por el Concejo Municipal; se deberá elaborar un Reglamento de Concursos Públicos; y se fijan normas de transparencia activa, como la obligación de entregar información al Concejo Municipal y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
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