Continúa avanzando la tramitación de la norma que busca proteger la cuenca del río Valdivia, luego de finalizar la consulta indígena en torno al proceso y que tuvo la participación de comunidades de Los Ríos y La Araucanía, quedando cada vez menos pasos para su entrada en vigencia.
Así lo dio a conocer el Ministerio de Medio Ambiente en la zona, respecto de un proceso que se inició casi 15 años atrás cuando la CONAMA decretó la medida para evitar que un desastre ambiental como el acontecido en el Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo, producto de la actividad de la planta Celulosa Arauco, volviera a ocurrir.
Luego de una serie de procesos judiciales que determinaron la imposibilidad de la entrada en vigencia de éstas normas, el instrumento tuvo que retrotraer su proceso, estableciéndose con ello la aplicación de una Consulta Indígena a aquellas comunidades susceptibles de ser afectadas por la normativa.
De esta forma el Ministerio del Medio Ambiente realizó un nuevo Análisis General de Impacto Económico Social, un nuevo proceso de participación ciudadana y una consulta indígena, la cual finalizó recientemente con el acta de acuerdos y desacuerdos.
Con este proceso finalizado, se convocó al Comité Operativo y al Comité Operativo Ampliado, quienes realizaron su primera sesión el pasado viernes 3 de diciembre. El objetivo de ello es socializar los acuerdos y desacuerdos de la consulta indígena y el proyecto definitivo con los integrantes del comité, entre ellos Servicios públicos, ONGs, academia, empresas y comunidades indígenas.
CONSULTA INDÍGENA
En el mes de septiembre de 2018 la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, firmó la resolución que dio inicio a este proceso de consulta. Las comunidades partícipes del proceso se encuentran asentadas en las comunas de San José de la Mariquina, Lanco, Los Lagos y Valdivia en la región de Los Ríos y Loncoche y Villarrica en la región de La Araucanía.
En total se invitó a 128 asociaciones y comunidades indígenas de ambas regiones. Se realizaron un total de 66 reuniones en las 4 etapas del proceso convocando a más de 275 personas en todo el proceso cuya duración fue de casi 3 años.
Este proceso no estuvo exento de los problemas que generó la pandemia, siendo interrumpido durante un período. No obstante lo anterior, durante el año 2021 se retomaron las actividades y prestando todas las facilidades para que, a través de vías telemáticas, se pudiera llegar a un documento final que se materializó en el acta de acuerdos y desacuerdos. Recordemos que dicho documento tiene el carácter de vinculante, y deben ser considerados en la definición del proyecto definitivo.
Luego de ser socializado con el Comité Operativo y el Comité Operativo Ampliado, se presentará al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Posteriormente el ejecutivo genera el Decreto Supremo que pasa por presidencia y finaliza su tramitación con la toma de razón de Contraloría y posterior entrada en vigencia.
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