Tras un amplio debate, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la idea de legislar del proyecto que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público. Por efecto de lo anterior, al Ejecutivo le resta insistir ahora con su texto en el Senado.
Al respecto, el secretario de la Asociación de Funcionarios Municipales de Valdivia, Rodrigo Vargas, sostuvo “que el reajuste que está proponiendo el Ejecutivo es mezquino porque no alcanza a cubrir siquiera el costo de la vida de la inflación; además no puede ser que se pierdan bonos como los de vacaciones y de término de conflicto, que estaban instalados en los acuerdos por años en la mesa del sector público”.
Vargas agregó que desde el mundo municipal “queremos que se reconozcan los derechos adquiridos año a año y se aplique un 3% de reajuste a las rentas más altas, y un 5% para las más bajas, siempre manteniendo el tramo del $1.500.000. Los trabajadores no podemos pagar el costo de no hacer bien las cosas y de tener un ministro de Hacienda tozudo que nos está comparando con países de Europa que están a años luz de nosotros en políticas públicas”.
Según especifica la Constitución para estos escenarios, “el Presidente de la República, en caso de (tratarse) de un proyecto de su iniciativa, podrá solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara y, si ésta lo aprueba en general por los dos tercios de sus miembros presentes, volverá a la de su origen y sólo se considerará desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes”,
La propuesta consideraba un reajuste diferenciado, al 1 de diciembre de 2020. Para los funcionarios cuyas remuneraciones brutas sean iguales o inferiores a un millón 500 mil pesos, el aumento sería de 2,7% (equivalente al IPC acumulado a noviembre); en tanto que para quienes superaran el mencionado margen de ingreso, el incremento sería de 0,8%.
Para aplicar lo anterior, se identificarán los grados, niveles o categorías de las respectivas escalas equivalentes a la remuneración señalada. Según cálculos del Ejecutivo, el 75% de los trabajadores del sector se verían beneficiados con el aumento mayor.
El porcentaje de reajuste que correspondía aplicar en cada caso sería reflejado también en las asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones, o no imponibles, asociadas a los grados, niveles o categorías respectivas.
El proyecto excluía del reajuste las remuneraciones del presidente, ministros y fiscal de la Corte Suprema, así como del contralor general de la República. De igual modo, no se reajustaban los sueldos mensuales, asignaciones, beneficios y demás atribuciones de los grados A, B, C y 1ª, lo que afectaba a los jefes de servicios junto con otras autoridades públicas del país como, por ejemplo, el fiscal nacional y los secretarios de la Cámara y del Senado.
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